Con la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937 («Directiva sobre los denunciantes») y su transposición a las legislaciones nacionales de los Estados miembros («EM») de toda la UE («Directiva de la UE sobre los denunciantes»), la UE ha hecho realidad una armonización exhaustiva de las protecciones mínimas para los denunciantes.
De cara a 2025 y más allá, se avecinan varias ampliaciones legislativas, evaluaciones y transposiciones que afectarán no solo al ámbito de aplicación material de la Directiva, sino también a la evolución de las mejores prácticas en materia de protección de los denunciantes en general.
Evaluación de la Directiva de la UE sobre los denunciantes de 2025 y posible ampliación de su ámbito de aplicación
A más tardar el 17 de diciembre de 2025, la Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evalúe:
- la eficacia de las leyes promulgadas por los Estados miembros para transponer la Directiva; y
- la eficacia del marco de protección de los denunciantes en la UE.
En concreto, en virtud del artículo 27, apartado 3, de la Directiva sobre los denunciantes:
[La Comisión] presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 17 de diciembre de 2025, un informe sobre la transposición y la aplicación de la presente Directiva. Dicho informe deberá, en particular:
(a) evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por cada Estado miembro para transponer la presente Directiva y su impacto en el funcionamiento del marco de protección de los denunciantes establecido de conformidad con la presente Directiva; y
(b) evaluar si se requieren medidas adicionales, incluida la ampliación del ámbito de aplicación de la presente Directiva para abarcar otros actos de la Unión o ámbitos políticos.
Entre los posibles ámbitos de ampliación mencionados por la Comisión figuran:
- la seguridad y la salud en el trabajo; y
- las condiciones de trabajo.
Las federaciones empresariales han señalado que probablemente presionarán para que se introduzcan cambios en el ámbito de aplicación de la protección durante esta primera revisión. Un cambio sugerido sería aumentar el número mínimo de empleados para los canales de denuncia internos de 50 a 100 empleados o más.
Dicho cambio tendría por objeto reducir la carga administrativa que recae sobre las pymes.
2026 – Ampliación de las protecciones de la UE para los denunciantes con el fin de incluir la Ley de IA de la UE
A partir del 2 de agosto de 2026, la Directiva sobre denuncia de irregularidades se aplicará a la notificación de infracciones de la Ley de IA de la UE.
¿Qué significa esto?
Si trabaja para un proveedor de IA de uso general («GPAI»), estará protegido si denuncia que el producto de dicho proveedor —del que se le ha informado que es «IA de riesgo sistémico» según el artículo 2, apartado 11, de la Ley de IA— no cuenta con las medidas de ciberseguridad adecuadas, lo que supone una infracción del artículo 55 de la Ley de IA.
No todos los riesgos generados por la IA quedan actualmente recogidos en los ejemplos anteriores, pero este cambio ampliará sustancialmente el alcance de las protecciones a los denunciantes, ya que se aplicarán a muchos tipos de riesgos relacionados con la IA.
2026 y años posteriores: ampliación del alcance mediante la CSDDD
El alcance de la Directiva sobre denuncia de irregularidades también se ampliará mediante la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), que entró en vigor el 25 de julio de 2024.
Esta Directiva modifica la Directiva sobre Denuncias de Irregularidades de modo que también se conceda protección a quienes denuncien incumplimientos de la legislación nacional que aplique los requisitos de la UE en materia de diligencia debida en materia de sostenibilidad.
En otras palabras, los denunciantes que informen de infracciones de la legislación nacional relacionadas con:
- los derechos laborales
- la diligencia debida en materia de derechos humanos
- daños medioambientales
podrán acogerse a las protecciones de la Directiva de la UE sobre denunciantes una vez que los Estados miembros hayan transpuesto la CSDDD a su legislación nacional.
En conjunto, los empleados podrán estar protegidos al denunciar actividades que perjudiquen:
- el medio ambiente; o
- las normas laborales reconocidas, como las establecidas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo («OIT»).
La UE se centra en mejorar la aplicación de la Directiva sobre los denunciantes
Además de evaluar posibles ampliaciones del ámbito de aplicación de la Directiva de la UE sobre los denunciantes, la UE examinará cada vez más de cerca las implementaciones existentes por parte de los Estados miembros.
En julio de 2024, la Comisión publicó un informe sobre la aplicación y transposición de la Directiva. El informe detectó varias deficiencias, entre ellas:
Cuestión 1: Ámbito de protección
La falta de protección adecuada de las denuncias presentadas sobre la base de sospechas razonables o de los intentos de encubrimiento de infracciones.
Cuestión 2: Sanciones
Nueve Estados miembros no establecieron claramente que se aplicaran sanciones en caso de represalias contra los denunciantes, obstrucción de los canales de denuncia o incumplimiento de la confidencialidad de la identidad del denunciante.
Cuestión 3: Exenciones de responsabilidad
Algunos Estados miembros no transpusieron adecuadamente los requisitos de la Directiva que aclaran cuándo no se puede considerar responsables a las personas que denuncian por la divulgación de información si dicha divulgación se realizó para revelar una infracción.
La Comisión señaló que estos aspectos constituían las «principales deficiencias» en la aplicación de la Directiva.
Poco después, a principios de 2025, la Comisión cumplió su amenaza de intensificar las medidas de ejecución al imponer a los Estados miembros una multa conjunta de 38 millones de euros por no haber cumplido el plazo del 17 de julio de 2024 para transponer la Directiva.
Esperamos que esta tendencia continúe, ya que la Comisión amplía su escrutinio más allá de los plazos de transposición incumplidos para abarcar la calidad de las implementaciones de los Estados miembros.
Cambio hacia la prevención en las normas de protección de los denunciantes
Más allá de las ampliaciones del ámbito de aplicación material de la Directiva de la UE sobre los denunciantes, la norma relativa a la protección de los denunciantes en Europa está evolucionando.
Tradicionalmente, los denunciantes recibían protección a posteriori mediante demandas en las que reclamaban indemnizaciones económicas a los empleadores.
A menudo, el denunciante tenía que soportar represalias antes de obtener protección jurídica.
Existe un consenso cada vez mayor entre los responsables políticos y los comentaristas en que la protección de los denunciantes debe establecerse antes de la divulgación o inmediatamente después de que esta se produzca.
Una propuesta consistiría en establecer medidas de alivio temporal para los denunciantes.
Por ejemplo, las medidas de protección temporal podrían consistir en:
- la suspensión de un despido;
- la suspensión de los procedimientos disciplinarios;
- o cualquier otra medida que impida las represalias durante el proceso judicial pendiente.
La concesión de medidas cautelares evitaría el «desfase temporal» entre las rápidas represalias del empleador y los prolongados procesos judiciales.
En esencia, las mejores prácticas están evolucionando para hacer hincapié en que la denuncia de irregularidades no debe arruinar la carrera profesional de una persona antes de que pueda gozar de protección jurídica.
Conclusión
La revisión de la Directiva en 2025 y las ampliaciones previstas para 2026 en relación con la Ley de IA y la CSDDD sugieren que estamos entrando en un nuevo capítulo para la normativa sobre denunciantes en Europa.
Cabe esperar avances significativos en el cumplimiento de la normativa europea sobre denuncia de irregularidades en comparación con los estándares que estaban vigentes cuando se adoptaron inicialmente muchos marcos de denuncia interna.
Prevemos que los futuros avances seguirán presionando a las organizaciones para que fomenten culturas de integridad y cumplimiento respaldadas por medidas de protección preventivas y una aplicación más estricta de la normativa en toda Europa.
Escrito por Chara Nikolaou, directora general de Brainnovation
